UNA CONSTITUCIÓN QUE NOS REPRESENTE A TODAS
Opinamos
Por Soledad Álamos, directora de la Fundación Flip y ex candidata a diputada por el distrito 11
Históricamente, las personas con discapacidad han sido excluidas y marginadas de la sociedad, puesto que, los estereotipos y prejuicios hacia este grupo minoritario, han calado fuertemente en el inconsciente colectivo de la población, invisibilizando y discriminando a un grupo que se encuentra fuera de los parámetros de normalidad establecidos por la sociedad.
Es así, como han sido estigmatizados a lo largo de los años, sufriendo de forma sistemática la vulneración de sus derechos, en aspectos tales como la educación, la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, derecho a una salud digna por medio de programas de rehabilitación por parte del Estado, entre otros. A esto, es necesario sumarle el hecho de que las mujeres con discapacidad se encuentran aún más vulnerables, ya que, sufren una doble discriminación, asociada al género y luego a la discapacidad.
Sin embargo, hoy en día, gracias a las organizaciones sociales de personas en situación de discapacidad, se ha producido un extraordinario cambio de perspectiva, pues ya no es la caridad sino los derechos humanos el criterio que se aplica al analizar la discapacidad. En lo esencial, la perspectiva de la discapacidad basada en los derechos humanos equivale a considerar sujetos y no objetos a las personas con discapacidad. Ello supone dejar de ver a estas personas como problemas y considerarlas poseedoras de derechos.
De esta manera, este cambio de perspectiva se encuentra respaldado, por medio de la Convención de las Personas con Discapacidad, que tiene por objetivo garantizar a este colectivo, el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminaciones. Mediante este Tratado internacional suscrito y ratificado por Chile, se reconocen los derechos de todo individuo, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, entre ellos el derecho a la participación política en igualdad de oportunidades.
Actualmente, nuestro país se encuentra viviendo un proceso histórico, puesto que, tenemos la oportunidad de presenciar un cambio constitucional inédito en la historia de Chile; la creación de una nueva Carta Magna, escrita sobre una hoja en blanco por una Convención Constitucional, que representará los intereses de diversos grupos de la sociedad. Este documento para que sea legítimo, tiene que ser capaz de canalizar las demandas sociales que originaron el estallido social en octubre del año 2019.
Es así, como necesitamos una Constitución que represente la diversidad de nuestro país, un documento en el que todas y todos nos sintamos representados y en donde grupos que tradicionalmente han sido marginados de las decisiones políticas tengan la oportunidad de alzar la voz y ser parte activa de este proceso. Esperamos que nuestro partido sea capaz de integrar al interior de sus listas, grupos diversos, que representen las demandas de distintos sectores de la sociedad, para que de esta forma nunca más los grupos minoritarios se encuentren excluidos de la toma de decisiones políticas, que los afecta directamente a ellos.
INSISTIR EN LA POLÍTICA: POTENCIA DEMOCRÁTICA FEMINISTA
Por Daniela Carvacho, profesora feminista y militante de de Revolución Democrática Los Lagos
Durante décadas los movimiento sociales tuvimos que conformarnos con levantar nuestras demandas e impugnar las decisiones del duopolio, y nos incorporamos al sistema político para ir más allá de dicha impugnación, conscientes de que ninguna transformación social sustantiva se resolvería únicamente mediante el juego parlamentario. Nos hacía falta la amplitud e intensidad de la revuelta popular para que se abriese la oportunidad de superar el pacto transicional.
La potencia destituyente del 18O ha cuestionado todo lo constituido, dejando un vacío de poder abierto a la disputa política. El proceso constituyente está en el centro de esa disputa, y su resultado no solo dependerá de las normas establecidas superficialmente. De hecho, es en los movimientos telúricos de la sociedad donde se jugará la posibilidad de que el proceso adquiera un carácter realmente popular, antioligárquico y democrático.
Se trata de un camino de arduo trabajo y pedagogía popular: solidaridad y organización comunitaria contra el individualismo, educación popular contra el miedo y la ignorancia, movilización responsable, creativa y audaz contra los intentos de boicot de la derecha, construcción de vínculo, confianza y compromiso colectivo de largo plazo, son los fundamentos de un proyecto de sociedad que aspire a reconstruirnos como comunidad política de justicia y libertad plenas.
Yo creo que, en este contexto, nuestro papel es protagónico, porque la insistencia feminista en desbordar los márgenes de la política elitaria es clave para ampliar horizontes emancipatorios del proceso, desde lo cotidiano hasta lo estructural. Aquello es un atributo propio de la crítica feminista capaz de mirar hacia la totalidad y simultáneamente incorporar los márgenes excluidos por la institucionalidad patriarcal, colonial y capitalista del Estado chileno. También lo creo, porque nuestro movimiento ha demostrado capacidad de aglutinar y movilizar sin necesidad de homogeneizar la diversidad popular.
Así lo demostramos con las huelgas feministas, las movilizaciones contra la violencia machista, la presión social que ejercimos ante casos de justicia patriarcal, pero también lo hicimos cuando, a pesar de las legítimas diferencias que tuvimos y tenemos respecto del acuerdo del 15 de noviembre empujamos con unidad de propósito la ampliación democrática del acuerdo, exigiendo paridad con propuesta propia, utilizando la política para proyectar los intereses y demandas que durante décadas veníamos construyendo en la sociedad. Inédito feminista, en un país sacudido por el mayo feminista y nuestra masiva rebelión contra el autoritarismo, la violencia sexual, las lógicas de poder y privilegio masculino.
La participación de mujeres feministas militantes en el proceso constituyente es de interés estratégico para revertir el carácter elitista y excluyente del pacto social en Chile. Es también nuestro derecho, pues la experiencia de malestar que se desató con el estallido no circulaba en el vacío, sino que habitaba y habita en nuestras cuerpas que han sido el soporte material del modelo neoliberal, y es un imperativo para empezar a hacer justicia a nuestra larga historia de invibilización.
Para alcanzar nuestra participación plena tendremos que organizar la rebeldía y saltar el torniquete de los pactos tácitos de complicidad machista, a fin de mantener la disputa abierta y profundizar el carácter de los cambios mediante alianzas socialmente ancladas que permitan canalizar la potencia destituyente de la calle hacia la propuesta, de modo que la impugnación logre adquirir forma de proyecto de una sociedad otra: el socialismo democrático no es una entelequia sino un proyecto cuya bases debemos sentar ahora, con miras hacia un largo periodo de reforma social y cultural.
Además de empujar la movilización, para ampliar marcos de alianzas ancladas en luchas vivas, exigir nuestra participación real, debiésemos establecer mínimos feministas irrenunciables: (1) reconocimiento y socialización del trabajo reproductivo, mediante principios comunitarios y de corresponsabilidad del cuidado, (2) autonomía sexual y derechos reproductivos, (3) el reconocimiento de diversidad sexual y el derecho a autodetermnación de cuerpas e identidades disidentes, (4) refundación del sistema judicial, que ponga en el centro la responsabilidad colectiva, reparación y reconocimiento de víctimas como agentes de lucha, incorporando la perspectiva feminista interseccional, (5) desterrar de la vida social las violencia fundadas en políticas de odio e ideologías de opresión tales como género, raza y clase, (6) recuperación de la economía como campo de la política e impulsar un nuevo modelo de desarrollo que garantice la sostenibilidad del ecosistema y de la vida misma, que reconozca los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y dialogue con ellos como aliados para repensar la economía y (7) frente al carácter estructural de la feminización de la pobreza, avanzar hacia un Estado que garantice derechos y democracia radical.
Nuestra vocación de poder y unidad feministas son indispensables para una transformación profunda de este país. Somos más, vamos por todo.